Este acuerdo imposibilitaría la tramitación de ERE en los ayuntamientos de Canarias, tanto extintivos como de suspensión, si no cumplen unos requisitos mínimos, que consistirán en la unanimidad del pleno de la corporación, la unanimidad en el acuerdo de la parte de la administración y de los sindicatos, un informe independiente de la situación económica, así como el acompañamiento de un plan social para que esa situación sea compensada posteriormente en el tiempo y respetando los derechos de los trabajadores.
Estas medidas tienen como origen la posibilidad de que algunos ayuntamientos están estudiando poner en marcha inmediatamente esta injustificada medida en la administración pública, usando para ello las recientes experiencias en el Ayuntamiento de Gáldar y en el Ayuntamiento de Barlovento.
Desde la FSP-UGT Canarias no vamos a permitir en modo alguno que se use este instrumento para destruir empleo público en ningún ayuntamiento de Canarias.
Por último, la FSP-UGT Canarias entiende que en realidad a quien habría que tramitarles ERE es a la nefasta gestión realizada por los propios políticos, que son los auténticos responsables de los desaguisados económicos que se producen en las corporaciones locales, por su incapacidad de gestionar con eficiencia los recursos públicos y de planificar de forma racional los presupuestos municipales.
FUENTE: UGT Canariashttp://canarias.ugt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:administracion-local&catid=1:latest-news

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