El Ayuntamiento no recurrió el fallo judicial porque no tuvo conocimiento de él.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado una investigación interna para averiguar quién ocultó la notificación de varias sentencias que consolidan en la institución los derechos laborales de tres personas afines al PSOE. Al menos dos de ellas son miembros de este partido y una de las trabajadoras beneficiadas es familia de la concejala socialista Concepción Narváez.
Se trata de tres fallos judiciales dictados por los juzgados de lo Social que obligan al Ayuntamiento a reconocer la interinidad de esos empleados, además de crear las plazas laborales que dichos trabajadores han generado al estar contratados en régimen de cesión ilegal por la empresa de prestación de servicios Perfaler Canarias. Y es que las notificaciones llegaron al registro municipal en julio del año pasado, pero alguien no actúo con la diligencia debida y se dejaron vencer los plazos para recurrir unas resoluciones que son contrarias a los intereses generales de la administración.
Ahora la Alcaldía ha recibido los autos que declaran la firmeza de las sentencias sin que los servicios jurídicos hayan podido recurrir las mismas, cuando es una obligación de todas las instituciones públicas ir contra los pronunciamientos contrarios a sus intereses. De hecho, la propia alcaldesa, Mari Pino Torres, rechazó en su momento una propuesta del PSOE que consistía en no emprender acciones legales contra los fallos favorables a los trabajadores de Perfaler.
Los socialistas adquirieron ese compromiso con el sindicato UGT e intentaron extenderlo a su socio en el gobierno, al menos hasta que se adoptara una solución global encaminada a resolver la precariedad laboral de estas personas. Pero Nueva Canarias se negó por los motivos antes indicados, pues son unas 130 demandas las que se han presentado en los tribunales para denunciar al Ayuntamiento y a la empresa. Desde entonces el enfrentamiento entre los concejales de ambas fuerzas políticas ha sido permanente, llegando incluso a bloquear la aprobación del presupuesto.
Al tiempo que se intentan aclarar los motivos por los que no se recurrieron esas sentencias, la Alcaldía ha presentado ya varios recursos extraordinarios de revisión para intentar que los argumentos municipales se tengan en cuenta.
En ellos se explica que las notificaciones no fueron recibidas en un despacho de abogados externo contratado para llevar parte de los asuntos municipales, entre ellos el grave problema laboral con Perfaler.
En cualquier caso, la creación de las tres plazas no conlleva que sean ocupadas automáticamente por los demandantes, ya que la ley obliga a que sean cubiertas mediante el sistema de oposición pública. Lo que sí parece seguro es la determinación de averiguar por qué no se han recurrido esas resoluciones.
RECIBOS. Para ello se indagará en los acuses de recibo, tanto en el momento de recoger la documentación jurídica como en la fecha posterior del traslado interno a los departamentos competentes.
Otra de las circunstancias que llaman la atención es que el edil David Delgado actuase como testigo en el caso de la familiar de Narváez, quien en la actualidad es la pareja del padre de ésta. Delgado pertenece al PSOE y antes de ser elegido concejal fue coordinador de Cultura, área en la que trabaja la demandante. El socialista asegura que fue a testificar porque recibió un requerimiento judicial, que entonces no era concejal y que lo hizo para decir la verdad. También niega que existan instrucciones de su partido para no recurrir las sentencias y recuerda que Personal ha sido competencia de Nueva Canarias en los últimos dos mandatos.
FUENTE: M REYES. La Provincia.
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