El grupo de gobierno ya asume que habrá una cascada de sentencias favorables a los empleados de contratas privadas que hacen tareas del personal municipal
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se compromete a absorber al medio centenar de trabajadores de empresas privadas pero que desempeñan tareas propias del personal municipal en lo que constituye una clara cesión ilegal de empleados.De hecho, el Consistorio ha recibido ya al menos tres sentencias que dan la razón a otros tantos empleados de Santana Cazorla que trabajan desde hace años para el servicio municipal de Zonas Verdes, y los sindicatos esperan una cascada de fallos judiciales de otra veintena de demandantes de la misma empresa.
El concejal de Recursos Humanos, Fernando Navarro, aseguró al respecto que ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa para que estos trabajadores pasen a engrosar la plantilla municipal en los próximos meses."Con esta decisión les evitamos cargas económicas al Ayuntamiento y a los trabajadores, que tienen que acudir a los juzgados y endeudarse, con los antecedentes que hay de fallos en contra del Consistorio, lo mejor es llegar a un acuerdo con ellos e incorporarlos a la plantilla municipal", explicó el edil. Aunque dependerá de la antigüedad, la tarea y el destino de cada uno, la mayoría de los trabajadores se incorporaría en calidad de personal laboral fijo discontinuo. Navarro quiso dejar claro que ésta es una situación heredada del anterior gobierno local del Partido Popular. "Desde que nosotros [el PSC] llegamos a la Alcaldía, no ha entrado en el Ayuntamiento un solo trabajador en cesión ilegal de una empresa privada", afirmó el edil. EXTERNALIZACIÓN.
El presidente del comité de empresa, el representante de Intersindical Canaria (IC), Eudaldo Gómez, apunta también a la gestión del gobierno de Pepa Luzardo como la causante de esta situación. "Tras el plan de estabilidad de 2003, con el que se regularizó a 700 trabajadores, Luzardo no quiso engordar más la plantilla municipal y dio la orden a las concejalías de externalizar los servicios pese a que desde el comité le avisamos de que hacía falta gente", señaló Gómez.El sindicalista citó como uno de los ejemplos de cesión ilegal de la era Luzardo la absorción por orden judicial de 12 trabajadores de la empresa Vanyera que prestaban servicios como monitores a tiempo parcial en las universidades populares. "Denunciaron al Ayuntamiento por esto, y a los seis meses ya estaban en la plantilla municipal", citó Gómez. Según el comité de empresa, los 20 trabajadores de Santana Cazorla citados anteriormente ya han denunciado al Ayuntamiento por lo mismo y pronto podrían tener las sentencias que les dé la razón. "Además, a esos empleados les asiste un informe contundente de la Inspección de Trabajo donde queda demostrado que ese personal realiza tareas estructurales del Ayuntamiento y, por tanto, concluye que se trata de una cesión ilegal de trabajadores", explicó Eudaldo. DENUNCIAS.
Según el sindicalista, los jueces se están agarrando a ese informe para dictar en cadena las sentencias favorables a los demandantes de Santana Cazorla. Dicha indagación se realizó tras una denuncia del propio comité de empresa."Denunciamos para que el Ayuntamiento no repitiera estas actuaciones y para dar conocimiento a los responsables políticos de entonces de que se estaban cometiendo irregularidades en Parques y Jardines", dijo Eudaldo Gómez.El comité de empresa ya ha pedido a la Concejalía de Recursos Humanos que asuma el error y absorba a este personal, no sólo al de Santana Cazorla, sino a otros que desempeñan labores de guardias de colegio, o encargados de canchas deportivas e incluso los 15 cedidos por la empresa Serral para trabajar como bibliotecarios, y cuya situación irregular denunció el mismo alcalde Saavedra el pasado martes.
RAÚL GIL - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
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